El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, anunció un preocupante balance de la vigilancia a los recursos de regalías en la región Caribe. En su rendición de cuentas, reveló que la Contraloría ha auditado, entre 2022 y 2025, un total de 599 proyectos del Sistema General de Regalías (SGR) por un valor de $7.1 billones.

El proceso de control fiscal, sumado a las denuncias ciudadanas, arrojó cifras de presunta corrupción y detrimento millonario. La Contraloría ha consolidado 414 hallazgos con incidencia fiscal por un valor de $1.7 billones solo en la región Caribe.

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Se identificó un posible detrimento al patrimonio público por un valor estimado de $224.000 millones en 155 proyectos de los fondos Ocad Paz.

Recuperación de recursos y procesos fiscales

Rodríguez Becerra destacó que la entidad ha concentrado esfuerzos en recuperar el dinero perdido. A nivel nacional, se encuentran en trámite 1.156 actuaciones fiscales por un valor superior a $3.2 billones.

En cuanto a la región Caribe, el Contralor precisó:

Actuaciones en trámite: se gestionan 425 actuaciones fiscales por un valor que supera los $1.2 billones.

Responsabilidad fiscal: se han proferido 49 fallos con responsabilidad fiscal que superan los $154.000 millones, declarando responsables a servidores públicos y contratistas.

Recuperación efectiva: en la región Caribe, la Contraloría ha logrado recuperar $20.000 millones de pesos provenientes de fallos fiscales de regalías.

A nivel general, desde el inicio de esta administración, la Contraloría ha recuperado más de $34.000 millones de pesos en las regiones Caribe, Eje Cafetero y Pacífica.

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El Contralor también destacó que el control fiscal no debe ser considerado como un mecanismo sancionatorio, debe mantener su vocación resarcitoria, que contribuya a través de sus informes a fortalecer la planeación, la gestión y la eficiencia del gasto público y señaló que “el Caribe necesita un nuevo acuerdo regional por las regalías. Uno basado en la planeación por resultados, en la transparencia y en la rendición de cuentas. El Caribe no puede seguir siendo la región que más da y menos recibe, la que alimenta con su energía al país mientras su gente lucha por servicios básicos”.

‼️ "El Caribe necesita un nuevo pacto por las regalías: basado en planeación con resultados, transparencia y corresponsabilidad. La descentralización no puede ser sinónimo de dispersión. Es hora de que los recursos impulsen una transformación real, no promesas vacías. Porque la… https://t.co/ue7286d2Ir pic.twitter.com/YuZqIhmtpj

— Contraloría General de la República de Colombia (@CGR_Colombia) October 24, 2025

En la región Caribe, se han aprobado desde el 2012 al primer semestre de 2025, un total de 9.858 proyectos de inversión por un valor de $35.3 billones, cifra que representa el 32% de lo asignado en todo el país que suma un total de $108 billones y que es 4 veces superior a regiones como el Eje Cafetero, y tres veces a la región Pacífico, siendo esta comparada únicamente con la región llanos, como las máximas productoras de recursos minero-energéticos y consecuentemente, como las de mayor asignación de recursos aprobados para destinarse al bienestar de sus habitantes.

A pesar de recibir el 32% de los recursos del Sistema General de Regalías, la Región Caribe sigue enfrentando profundas desigualdades. En departamentos como La Guajira, Córdoba y Sucre, más del 60% de la población vive en condiciones de pobreza, lo que demuestra que la inversión no siempre se traduce en bienestar.

El Contralor General llamó a convertir las regalías en verdaderos motores de desarrollo, con proyectos bien planeados, transparentes y sostenibles que generen impacto real en la vida de las comunidades.

“Desde el año 2012 a la fecha, de los $35,3 billones aprobados en la región, el departamento del Cesar concentra el 22% de estos, con un total de $7.8 billones, siendo este menor solamente por $1 billón, óigase bien, por $1 billón menos al presupuesto que, desde el año 2012 a corte del 15 de septiembre de 2025, se le ha asignado la región Eje Cafetero, con una particularidad adicional y es que el Cesar está conformado por 25 municipios y la región eje cafetero por 178”, desatacó el jefe del órgano de control.

También aseguró que la inversión realizada no solo en el Cesar, sino en toda la región Caribe, ha sido testigo de cómo miles de proyectos se quedan en el papel o se convierten en símbolos de derroche. Más de 3.000 proyectos de mejoramiento vial, muchas de ellas terciarias, avanzan sin conexión entre sí, sin plan maestro vial, sin sostenibilidad, sin calidad.

503 parques han sido construidos o modificados en departamentos donde comunidades enteras no tienen acceso al agua o a un hospital cercano. En La Guajira, por ejemplo, se han invertido más de $109.000 millones en espacios de recreación, mientras persisten sentencias judiciales como la T-302 de 2017 que ordena atender la desnutrición y el derecho al agua de la población Wayúu, en un departamento donde el 76,3% de sus habitantes que viven en áreas rurales carecen agua potable.

 “Esa es la paradoja de la abundancia vacía: tener recursos, pero no rumbo”, señaló el Contralor General.

Añadió que "el Caribe no necesita más obras dispersas, necesita programas transformadores que integren infraestructura, conectividad, sostenibilidad y desarrollo productivo en una misma hoja de ruta".

Para finalizar, el Contralor se refirió sobre el por qué las regalías no están impactando en el desarrollo de la región Caribe y aseguró que “la región depende de regalías para sobrevivir, pero no para crecer. Sin una estructura fiscal sólida, sin una administración técnica estable, cada cambio de gobierno reinicia la historia. Los proyectos quedan a medio camino, los diagnósticos se repiten, las oportunidades se pierden”.

El Caribe tiene lo necesario para ser epicentro de una transición energética justa: viento, sol, puertos, talento y cultura. Pero la transición solo será real si se acompaña de una reforma fiscal que permita que las regalías no se esfumen en gastos inmediatos aplicados a la improvisación de resultados por parte de los gobiernos de turno, sino que se conviertan en inversiones sostenibles y persistentes en el tiempo.

“No puede hablarse de sostenibilidad cuando los municipios aún dependen de las transferencias para subsistir”, finalizó.